Contra la reforma laboral!!! No a la directiva de Bolkestein

MANIFESTACIÓN CONTRA LA REFORMA LABORAL, LA DIRECTIVA BOLKESTEIN, POR EL REPARTO DE LA RIQUEZA Y LOS DERECHOS SOCIALES.
10 DE JUNIO DE 2006, MADRID
Desde 1997, fecha de la última Reforma Laboral pactada entre los mismos actores, en el cual se crea el contrato de fomento de empleo con una disminución de derechos en origen (33 días en caso de despido) y una subvención al empresario durante dos años, ligada a la reducción de cuotas a la seguridad social, hasta esta nueva reforma pactada en el 2006, donde el mercado de trabajo se ha mostrado como una herramienta de flexibilización y desregulación de derechos laborales.
La reforma del 94 impone las condiciones a los trabajadores de la disponibilidad por parte de empresarios sobre sus condiciones de trabajo relativas a la jornada, a la movilidad funcional y geográfica y sistemas de remuneración. La aparición ese mismo año de las ETT, conlleva la implantación de un modelo de relaciones laborales basado en la inseguridad jurídica del contrato para millones de trabajadores y trabajadoras y el blindaje de los derechos del capital.

La nueva Reforma pactada en el 2006, no da ninguna respuesta a los contratos de obra y servicio y mantiene el “ilegalismo” institucional y empresarial. Los empresarios, podrán realizar cuantos contratos deseen por medio de contratas y subcontratas -como hasta ahora-, recurrirán a la “cuasi universalización” del contrato de fomento de empleo (el de 33 días), porque se les subvenciona durante 4 años y luego, a la calle y, encima se reducen sus cuotas al Desempleo y al FOGASA.

Por iniciativa del anterior comisario europeo Frits Bolkestein (liberal holandés) se está estudiando en la actualidad un proyecto de directiva. Esta directiva europea, de llegar a ser adoptada, tendría como consecuencia que todos los servicios suministrados en la Unión Europeaserían considerados como cualquier producto económico. De esta forma, sectores esenciales como la cultura, la educación, la atención sanitaria y todos los servicios dependientes de los sistemas nacionales de protección social podrían estar sujetos a las mismas formas de competencia económica que las mercancías

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